Tras 15 años de litigio contra el Estado, Editorial Perfil, logró un fallo favorable en primera instancia tras asegurar que “no recibía la misma pauta que los medios de características análogas”. El reclamo judicial atravesó la época kirchnerista y macrista.

La Editorial Perfil obtuvo un fallo histórico que impacta sobre la libertad de prensa al reconocer el derecho de un medio a ser indemnizado a raíz de la discriminación al no recibir publicidad oficial que es la pauta que el Estado destina a los medios de comunicación. Dada la conformación del sistema mediático argentino, ese monto de dinero, es un elemento clave para la subsistencia de los diarios, tv y radios.

“Durante los 12 años de los tres kirchnerismos, los medios de Perfil tuvieron cero de publicidad oficial”, aseguró el fundador del multimedio Jorge Fonteveccia.

El conflicto con la editorial Perfil tiene 15 años de reclamos. En 2011, la Corte Suprema confirmó, por unanimidad, la condena que había resuelto la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en 2009 al hacer lugar a una acción de amparo.

“La actitud dilatoria incluye también al gobierno de Mauricio Macri, aunque cumpliendo con la sentencia de Corte Suprema no hubo discriminación con la publicidad oficial durante su mandato, pero los abogados del Estado hicieron lo mismo que en la época kirchnerista, apelando a todo tipo de maniobras para estirar e impedir que se llegara a una sentencia”, detalló Fontevecchia.

En ese fallo, la Corte Suprema, realizó una defensa a la libertad de prensa al considerar que “uno de los pilares del sistema constitucional de gobierno, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada”.

Sin embargo, el Estado no cumplió con el dictamen ya que Perfil siguió denunciando que “no recibía la misma pauta que los medios de características análogas”.

Otro fallo de la Corte estableció una multa compensatoria en el 2013 pero la editorial tuvo que iniciar un juicio, aparte del amparo, para llegar al fallo de primera instancia que, una vez confirmado en Cámara, obligará al Estado a pagar.

Si bien el Estado puede apelar lo que demanda más tiempo son la acumulación de pruebas, peritajes, testigos y demás que ya se produjo en primera instancia. Según Perfil “los próximos pasos judiciales serían cuestión de meses”.