15 abril 2024

Necochea: denuncian deforestación para construir canchas de tenis y un gimnasio

Un club privado pretende construir ocho canchas de tenis y un multiespacio techado para la práctica de actividades deportivas. Las autoridades habían asegurado que no se quitarían árboles, pero ya lo hicieron.

Organizaciones ambientalistas de Necochea denunciaron el inicio ilegal de obras en el emblemático Parque Miguel Lillo por parte del Club Villa Díaz Vélez para la construcción de 8 canchas de tenis y un multi espacio con un gimnasio privado.

Lo que sucede es que la Municipalidad a través de un decreto del intendente Arturo Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez (actual concejal electo), aprobó algo que es un verdadero disparate: canjear terrenos de una concesión de un club en el parque por otros en los que funciona una Dependencia Municipal, como es el vivero. Es decir, la Municipalidad cedería parte de sus terrenos a un club que tiene un desarrollador privado interesado en ocupar el lugar. Todo ello violando abiertamente la ley y pisoteando  procedimientos y normativas vigentes.

Puntualmente, el proyecto del Ejecutivo tomó forma de ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante a principios de septiembre, cuando su votación fue impuesta por el oficialismo encabezado por el concejal Guillermo Sánchez.

Según el anuncio, que no carecía de tono proselitista, se realizaría una inversión de 100 millones de pesos que contaría con "la construcción de 8 canchas de tenis de polvo de ladrillo, un gimnasio de alto rendimiento, un sector de recuperación deportiva y kinesiológica, un SUM para actividades comunitarias y de estudio y una confitería", según declaró el propio concejal tras la sesión.

"El Parque No Se Vende interpuso un recurso de amparo revocatorio pidiendo suspensión de los efectos del acto, especialmente por violación a la ley 6912 porque el artículo 60 de esa ley dice claramente que 'se prohibe en forma indubitable la modificación del destino de las áreas verdes y libres públicas y su desafectación para su transferencia ni aún para edificaciones de dominio público'", señaló a Cuatro Vientos la ingeniera Susana Laborde, en su calidad de presidente de la asociación civil El Parque No Se Vende.

"Las áreas verdes libres públicas no pueden cambiar de destino, con lo cual lo que están haciendo es ilegal directamente", remarcó la ingeniera. Además, los terrenos que se "intercambiaban" con el concesionario, los del Vivero, fueron aceptados por la municipalidad por medio de una ordenanza cuando las tierras aún estaban bajo la órbita de gobierno en La Plata. De querer avanzar con el "trueque", esa ordenanza primero debiera ser derogada.

El grado de irregularidad es tal que la Municipalidad omitió publicar el decreto en su web oficial y todas las normas emitidas desde el 10 al 21 de septiembre de este año no se encuentran en el listado del boletín oficial.

A pesar de las evidentes irregularidades, el 14 de septiembre el intendente Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez pusieron su firma al decreto 2589 para promulgar la ordenanza (Nº 10.556/21). En el decreto se deja constancia que la ordenanza autoriza al club en el marco de una "cesión en concesión de uso", lo que mereció la observación de Laborde: "es absolutamente irregular porque o es cesión o es concesión".

El proyecto formal, con planos y cálculos, en realidad no ha sido presentado aún tal como dicta la ordenanza, aunque de cualquier manera se iniciaron trabajos de desmonte, aún a pesar de que en los anuncios se destacó que "se priorizó no solo la cuestión medioambiental no solo mediante la no intervención de las especies vegetales existentes, sino mediante la forestación del espacio a utilizar'". De cualquier manera, el paso de las topadoras en el lugar demostró que esa promesa tampoco se cumplió

La ONG socioambiental El Parque No Se Vende no sólo inició el amparo para retrotraer la ordenanza sino que además plantea la posibilidad de denunciar penalmente a las autoridades en la justicia por "incumplimiento de deberes de funcionario público", dado que son los mismos funcionarios los que están avalando lo que a todas luces es un robo.

"El municipio en estos momentos está destruyendo patrimonio público: está provocando daños y ese daño es penal, está penalizado por el Código Civil así que tendrá que hacerse cargo quien corresponda de ese daño a los bienes públicos", resumió.

 

Fuente: InfoGEI
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