Desde el ministerio de Desarrollo Social convocan a los intendentes bonaerenses para definir la nueva distribución del programa Potenciar Trabajo.
En medio del conflicto interno entre las organizaciones sociales que nuclea el Frente de Todos, y la disputa por el manejo de los programa sociales que le cuestan al Estado unos 800 millones de pesos al mes, el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, planea iniciar la auditoría sobre el plan Potenciar Trabajo.
La directiva fue de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuando en un acto en la CTA, cuestionó el manejo del dinero público por parte de las agrupaciones que responden al presidente, Alberto Fernández, en especial al Movimiento Evita, enemigo político de la ex mandataria.
Allí planteo además, la idea de realizar una auditoría para la mejor administración de los subsidios. Por esta razón, la cartera a cargo de Zabaleta, iniciará un proceso de inspección de los planes Potenciar Trabajo, a través del quel 1,3 millones de personas cobran la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias.
Se prevé que el proceso de revisión de cada caso comienzo el próximo 15 de agosto y desde el Gobierno ya delinean los detalles de la auditoría que llevarán adelante las universidades y que tendrá dos ejes: verificar que los beneficiarios efectivamente realicen el trabajo por el que cobran el beneficio y, por otro lado, tener un mayor control sobre las organizaciones sociales y entidades que tienen a su cargo la designación de las tareas de cada persona.
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Es que en el Potenciar Trabajo el 80% de los planes está controlado por entidades no gubernamentales, es decir, organizaciones sociales, ONG y la Iglesia, entre otros. Son las denominadas Unidades de Gestión, es decir, las que definen la empresa, rubro o curso que tomará el beneficiario del plan. Así, los municipios y provincias solo manejan el 20% de esta iniciativa.
Antes de iniciar las auditorías, está previsto que el ministro Juan Zabaleta se reúna con intendentes de la primera y tercera sección electoral, quienes se harán cargo, a partir del nuevo sistema, de la distribución y control de los nuevos programas sociales.