El pedido fue presentado por los diputados de la Coalición Cívica para quienes el mal desempeño del ministro es "inocultable e ineludible".
El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto para pedir el juicio político contra el ministro de Seguridad Aníbal Fernández por no haber garantizado la seguridad de Cristina Kirchner tras el intento de atentado que sufrió el jueves pasado.
"Resolvimos promover juicio político al señor Ministro de Seguridad de la Nación Argentina, contador Aníbal Domingo Fernández, por las causales de mal desempeño y en conformidad a lo dispuesto por el artículo 53 de la constitución nacional", expresa el texto del proyecto.
Dicho artículo dispone que la Cámara de Diputados puede ejercer el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, Vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.
El pedido fue presentado por la diputada Mónica Frade y firmado por los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Leonor María Martínez Villalba, Mariana Stilman, Paula Oliveto Lago, Laura Carolina Castets, Graciela Ocaña, Gustavo Rubé Hein, Ingrid Jetter y Soher El Sukaria.
De qué lo acusan a Aníbal Fernández
Según expresó la impulsora de la iniciativa Mónica Frade el mal desempeño del ministro es "inocultable e ineludible". "Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la nación argentina”, puntualizó.
En el proyecto, los legisladores advierten que la policía federal, que era la responsable exclusiva de la custodia de Cristina tras la decisión del juez Roberto Gallardo, no sólo fallaron en el operativo de seguridad sino que, además, incumplieron en la protección de las pruebas que comprometían al agresor, Fernando Sabaj Montiel.