Con un duro comunicado la institución religiosa, reclamó que la enseñanza ocupe “un lugar prioritario en la agenda política y social”.

Uno de los puntos más sensibles del Presupuesto 2023, presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Congreso, es el ajuste en áreas tan vitales como salud y educación. Al respecto la Iglesia Católica, criticó la falta de importancia por parte del Gobierno para ese sector.

Es que según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el ajuste contemplado en el proyecto que ya fue aprobado en Diputados, será de un 15,5%, lo que implica más del doble que el recorte previsto en resto de la administración pública nacional.

Además, se destaca como el presupuesto más bajo de los últimos 11 años, para el área educativa. Por lo que, desde la entidad religiosa alegaron que, “la prioridad de la educación en el ideario nacional no ocupa la agenda política, ni social”.

“Eso explica en gran parte la postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica”, alertó la Comisión de Educación del Episcopado, en un comunicado.

La institución que preside el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, además señaló que “nadie niega que la actual coyuntura de la economía nacional necesita de un ordenamiento en las cuentas públicas, pero las variables de ajuste no pueden recaer en las áreas más sensibles y vulnerables de la población, no sin efectos perjudiciales”.

En ese sentido, el texto advierte que los recortes dejan al descubierto “las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación”.

Del mismo modo, la comisión episcopal, advirtió sobre la deserción escolar, que “hace años va en aumento y supera más del 50%”, mientras que “en algunas provincias los números son alarmantes”, sostiene.

En tanto, que genera consecuencias graves, “como la imposibilidad de acceder a estudios superiores y de conseguir un trabajo formal”, por lo que desde la organización exigieron que se declare la “emergencia educativa”.