El TOF 2 habló de la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado.

Lazaro Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como “Vialidad“.

Se lo consideró “participe necesario” del delito de administración fraudulenta. De acuerdo al diario Clarín, los jueces le dieron la razón al fiscal Diego Luciani.

Dijo que los beneficios a Lázaro Báez incluyeron sobreprecios por rutas que le fueron adjudicadas de forma irregular.

Cristina Kirchner tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal”, es decir la estructura de beneficios montada desde el Estado a favor de Báez.

Los jueces plantearon que ese interés se evidenció “a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.

El TOF 2 habló de la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado.

El segundo concepto argumentado refiere a “la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”.

Aún persisten en suelo santacruceño 24 rutas sin concluir, algunas licitadas hace 15 y 16 años al holding de Lázaro Báez.