El delito está tipificado como promoción de actos de discriminación y se enmarca en el artículo 3 de la ley nacional 23.592, que prevé prisión de un mes a tres años.

Tras el escándalo que generaron los videos grabados durante la pandemia de coronavirus del precandidato a legislador porteño, Franco Rinaldi, en los que lanzaba con pretendida gracia frases discriminatorias y xenófobas, se formalizó una presentación judicial contra el especialista en aeronáutica.

La Justicia porteña iniciará una investigación que buscará determinar si Rinaldi incurrió en el delito tipificado como promoción de actos de discriminación que se enmarca en el artículo 3 de la ley nacional 23.592, que expresa: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.

En tanto, Rinaldi se pronunció en las últimas horas sobre el tema a través de su cuenta de Twitter, y sostuvo que durante la pandemia “realizó un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección”. El precandidato de Juntos por el Cambio sostuvo además que “en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien”.

Rinaldi añadió: “Aclaro esto porque entiendo que ahora tengo una responsabilidad política, no me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten. Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación”.

Para cerrar, se refirió a la presunta persecución para que impugne su candidatura: “Dicho esto, también creo que la decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política. Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable”.