La magistrada cumplió 75 años en agosto y no recibió un nuevo nombramiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó este miércoles en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien días atrás cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.
La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias” y a la Cámara Federal de Casación Penal.
En su escrito, la Corte recordó que tras la reforma de 1994 el artículo 99 de la Constitución Nacional prevé que “un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado) será necesario para mantener en el cargo” a cualquier juez “una vez que cumpla la edad de 75 años”.
La norma agrega que “todos los nombramientos de magistrados” cuya edad sea 75 años o mayor “se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
La resolución fue firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Los jueces de Casación se enteraron de la decisión del máximo tribunal durante el cuarto intermedio de la reunión plenaria que estaban desarrollando justamente para definir la situación de la hasta ese entonces presidenta del tribunal.
Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado y desde entonces se encontraba a la espera de que el Senado diera tratamiento a su pliego que ya había tenido dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos de esa Cámara.
La magistrada había decidido delegar la firma de la presidencia del tribunal en el vicepresidente primero, Mariano Borinsky, y había dejado firmados todos los votos que le quedaban pendientes en causas en las que estaba llamada a intervenir.
Entre esos votos, había dejado aquellos vinculados a las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán: se trata de expedientes en los que los tribunales orales respectivos sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar el juicio, pero esas decisiones fueron apeladas.
Serán ahora los jueces de la sala primera de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña quienes tendrán en sus manos el fututo de esos expedientes en los que estaba imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si logran compatibilidad en sus posiciones y en sus argumentos, no necesitarán de un tercer juez.
Con el cese en sus funciones de la jueza Figueroa, la Casación quedará presidida por Borinsky e integrada por Daniel Petrone, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña, Javier Carbajo, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani (los últimos dos de licencia). Con la de Figueroa, ya suman tres las vacantes en el máximo tribunal penal del país.
En tanto, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, pidió que se nombre a un juez o jueza en lugar de Figueroa.
En una nota enviada a los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Gil Lavedra solicitó que “se exhorte a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, para que proceda a la urgente convocatoria a concurso para cubrir la vacante producida de pleno derecho en la Cámara Federal de Casación Penal el día 9 de agosto de 2023, fecha en la cual la Dra. Ana María Figueroa cumplió setenta y cinco años de edad, sin haber recibido un nuevo acuerdo del Senado para continuar con sus funciones”.