Luis Caputo advirtió que si la "ley ómnibus" no se aprueba, se extremarán los recursos para cumplir el acuerdo: "Si la ley no pasa, las medidas van a ser más duras”.

El Gobierno Nacional y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron ayer un “staff level agreement” sobre la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas de Argentina. De esta manera, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, el país tendrá acceso a DEG 3.500 millones, el equivalente a US$ 4.650 millones, se informó oficialmente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el acuerdo técnico, pasadas las 21. “No es un nuevo acuerdo, se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas”, advirtió en primer lugar el ministro. En ese sentido, dijo, el nuevo acuerdo demanda mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad de los últimos dos trimestres.

Caputo confirmó que representa un desembolso por US$ 4.700 millones -que “no es plata nueva”-, dinero que sería girado para pagar los vencimientos de capital de diciembre, enero y el abril que viene; los primeros pagos se hicieron con dinero de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Además, explicó Caputo, en febrero hay que pagar US$ 600 millones, correspondientes a intereses.

De esta manera, concluyó la séptima revisión del Fondo Monetario sobre un total de diez; la octava será en mayo. Por delante, ahora queda en manos del “board”, el máximo órgano decisorio del FMI, la aprobación definitiva.

Según Caputo, un nuevo acuerdo hubiera implicado mayor tiempo, y remarcó que este gobierno tuvo que afrontar vencimientos a días de haber asumido. Por delante, el titular de Economía no descartó un nuevo acuerdo y nuevos fondos: “El Fondo está abierto a esa posibilidad”. De momento, el programa no incluye tomar nueva deuda

Teniendo en cuenta los “problemas estructurales de fondo, el déficit fiscal, que genera todos los problemas que después la sociedad sufre”, para Caputo “hoy esta es la mejor alternativa”.