El expresidente de la Nación inició el trámite que le permitiría cobrar una pensión honorífica millonaria. Cercanos a Fernández afirman que necesita la plata “para pagar las cuentas”.

Alberto Fernández tiene decidido regresar a la Argentina antes de fin de mes y también habría comenzado el trámite para cobrar la pensión honorífica que le corresponde como ex presidente de la Nación. Se trata de un beneficio que ronda los 7 millones de pesos mensuales que le permitiría jubilarse de su cargo con un simple trámite en la Anses, el cual se encontraría en proceso de liquidación.

Aunque no llegó la confirmación oficial del organismo, un exfuncionario muy cercano al exmandatario deslizó, en diálogo con Clarín, que el proceso “ya inició” y que “en marzo Alberto estará acá de regreso”.

A poco de finalizar su mandato, Fernández viajó a España con la intención de explorar la posibilidad de radicarse allí por un tiempo y dar clases en universidades. Sin embargo, para cobrar la pensión vitalicia que autoriza la ley 24.018, el actual titular del PJ debería regresar a la Argentina ya que “es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país”.

“No vive en Argentina, no le corresponde”, advirtió la diputada Graciela Ocaña, quien además estima en “alrededor de 7 millones de pesos” este beneficio. Por su parte, en el entorno del exmandatario señalan que “le corresponde la pensión y la va a tramitar” y que tiene previsto regresar en el transcurso de este mes. No obstante, es probable que durante el año mantenga agenda en ambos países porque su mujer, Fabiola Yánez, permanecerá en la península por “cuestiones personales”.

Aunque la Ley Bases, que propone eliminar este tipo de jubilaciones de privilegio, se discutirá nuevamente en el Congreso; incluso si se aprueba, no afectaría a Fernández, dado que el cambio no se aplicaría retroactivamente.

Dirigentes de la oposición, como la diputada Marcela Campagnoli (JxC) han objetado la “honorabilidad” de Fernández, solicitando a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que evalúe si le corresponde el cobro de esta pensión.

Según Campagnoli, el expresidente habría incumplido sus deberes de funcionario público ya que, durante su mandato, no sólo no dejó su cargo de docente universitario, sino que también se lo vio envuelto en escándalos como la “fiesta de Olivos” durante la cuarentena y el denominado “Vacunatorio VIP”. Por ello, estos hechos expondrían una clara “violación de la ley de Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético”.