El juez a cargo de la investigación pretende determinar si el ex presidente y Héctor Martínez Sosa concretaron un plan para defraudar al Estado con comisiones excesivas y contratos sobrevaluados con dependencias gubernamentales.

Avanza la investigación por el presunto fraude al Estado con contratos sobrevaluados en el ámbito de los seguros contratados por organismos gubernamentales, durante la gestión de Alberto Fernández, quien está involucrado en la causa, junto con brokers amigos.

La novedad es que el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, solicitó que se analicen las comunicaciones entre todos los imputados, entre ellos el ex mandatario, su histórica secretaria María Canteros, su amigo personal Héctor Martínez Sosa y esposos de la mano derecha de Alberto. Además de los ex funcionarios de Nación Seguros S.A, Mauro Tanos y Federico Eufemio.

También figuran en el pedido del magistrado que investiga un desfalco al erario público por más de 200 mil millones de pesos, los empresarios y titulares de firmas aseguradoras, Pablo Torres García, Diego Savio, entre otros.

“Con carácter urgente y en el término de 48 horas, tenga a bien remitir respecto de los abonados telefónicos”, fue el mensaje que se envió desde el juzgado a las compañías que prestan servicio telefónico en el país, para que brinden la información requerida para el avance de la causa.

Según consta en el expediente judicial se busca obtener datos sobre “registros históricos de titulares, estado actual, fecha de activación y/o cierre, domicilios de facturación, medios de pago”, entre otras pistas que ayuden a concluir si se trató de una asociación ilícita en desmedro de los fondos estatales.

Ercolini también solicitó que se especifique, si las líneas telefónicas “registran denuncia de robo, hurto y/o extravío, abonados telefónicos y correos electrónicos asociados y cualquier otra información de interés”, para establecerse en la causa.