17 febrero 2025

El Gobierno eliminó un programa de subsidios a comunidades indígenas por irregularidades detectadas

A través de una resolución oficial, el Gobierno dio de baja un programa de subsidios destinado a comunidades indígenas para asesoramiento legal y resolución de conflictos territoriales. Alegan falta de control en los fondos otorgados y desvíos en su ejecución.

El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para costear asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La medida fue oficializada a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Según detalla la resolución, la decisión se enmarca dentro de una serie de medidas orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales, en el marco de la emergencia pública decretada en diciembre de 2023.

Entre los argumentos esgrimidos, se menciona la falta de mecanismos de control adecuados y la detección de desvíos en la ejecución del programa, lo que habría llevado a que los fondos no se utilicen con la transparencia y eficacia esperadas.

El texto oficial justifica la eliminación del programa señalando que, desde su implementación, no logró cumplir con los objetivos propuestos. En particular, la resolución destaca que el subsidio no contaba con un sistema de registro y monitoreo que permitiera evaluar su impacto real en las comunidades beneficiarias.

“Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”, menciona el documento.

Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) habría detectado diversas irregularidades en informes de auditoría previos, lo que reforzó la decisión del Gobierno de desactivar la iniciativa. Si bien no se brindaron detalles sobre los desvíos específicos, se mencionó la necesidad de reconfigurar los programas de asistencia a comunidades indígenas bajo nuevas condiciones de transparencia y control.

Desde el Gobierno sostienen que esta decisión se enmarca en una reestructuración más amplia de los programas sociales y de asistencia a comunidades originarias. La administración de Javier Milei busca reducir la cantidad de subsidios directos y reorganizar el sistema de asistencia bajo criterios de mayor eficiencia y control estatal.

“Es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”, señala la resolución, en alusión al decreto 70/2023 que estableció la emergencia pública en diversas áreas del Estado.

Funcionarios del INAI adelantaron que se evaluarán nuevas estrategias para garantizar el acceso a la justicia y la regularización de tierras indígenas, pero con un esquema diferente al que se aplicaba hasta el momento.

Reacciones y críticas a la medida

La eliminación del programa generó fuertes críticas por parte de organizaciones indígenas y sectores de la oposición. Desde la Coordinadora de Comunidades Indígenas de Argentina señalaron que la medida “afecta el derecho de los pueblos originarios a acceder a asesoramiento legal en conflictos de tierras, un problema histórico en el país”.

Por su parte, referentes de derechos humanos advirtieron que la decisión podría incrementar la vulnerabilidad de las comunidades en litigios con privados y el Estado. “Dejar sin recursos a las comunidades para defender sus tierras equivale a favorecer los desalojos y el avance de empresas sobre territorios indígenas”, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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