Fue allanada nuevamente la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, sede regional La Plata, por el escándalo de los cinemómetros de las fotomultas. Al allanamiento lo ordenó el juez federal Ernesto Kreplak, que investiga un presunto fraude por contrataciones irregulares desde esa casa de altos estudios con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) y diversas municipalidades bonaerenses, según consigna diario El Día.

De acuerdo con fuentes judiciales, el operativo, a cargo de Gendarmería, tuvo como foco una estructura de contratos cruzados: empleados de Cecaitra, que también serían funcionarios de la UTN, firmando convenios desde ambos lados del mostrador. La investigación detectó que algunos formularios de distribución de ingresos, supuestamente elaborados por la universidad, estaban aparentemente vinculados con el CBU de la cámara, sin pasar por los canales administrativos y de control de la UTN.

Este escándalo, aclara El Día, no es un caso aislado. La Justicia federal de 3 de Febrero también ordenó el allanamiento de once municipios bonaerenses -incluyendo La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Zárate y San Isidro- por posibles irregularidades en el cobro de fotomultas. Esa causa está a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención del fiscal Paulo Starc y colaboración del propio Kreplak, quien giró información clave que permitió avanzar con la investigación, que tendría en la mira a distintas fundaciones y empresas del sector, como Secutrans SA y Tránsito Seguro SA, según expresaron voceros ligados a la pesquisa.

La mecánica es similar en todos los distritos. Del total recaudado, un 20% queda en manos de la Provincia por convenio marco y el restante 80% es dividido entre las comunas y los proveedores. Pero en muchos casos los municipios solo recibirían una mínima cuotaparte, quedando el resto en manos de las empresas y fundaciones universitarias, que ni siquiera figuran en los registros oficiales de proveedores del Estado provincial.

Las causas que sigue así la Justicia Federal en La Plata y 3 de Febrero buscan determinar si las universidades actuaron como pantallas para la derivación de fondos públicos hacia intereses privados, afectando los recursos de municipios y, en última instancia, de la ciudadanía.

A su vez, hay otro expediente en La Plata que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, ante una denuncia de supuestos beneficios que la gestión de Jorge D‘Onofrio, que estuvo a cargo del Ministerio de Transporte, le habría concedido a Cecaitra, a la que ordenó allanar, al igual que la casa de su presidente. Sin embargo, en esa causa, el exministro también planteó irregularidades en los radares de la empresa Secutrans SA y pidió que se le retire el rol de particular damnificado a quien fuera su titular, Leandro Camani.