Un informe de la SIGEN reveló pagos sin respaldo, contrataciones irregulares y falta de control en las afiliaciones y prestaciones del PAMI en 2023, durante la gestión de Luana Volnovich.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló graves irregularidades administrativas y financieras en el PAMI durante 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández. Según el organismo que conduce Miguel Blanco, el perjuicio económico estimado supera los $16.000 millones como consecuencia de pagos sin documentación respaldatoria, anticipos sin control y contrataciones irregulares.
Durante ese período, la titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue Luana Volnovich, dirigente de La Cámpora. El informe de la SIGEN se suma a las advertencias previas de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre fallas estructurales en el funcionamiento del organismo.
Entre las anomalías destacadas por la SIGEN se encuentran pagos a prestadores médicos sin facturación electrónica válida, validaciones omitidas en el sistema SAP y una acumulación de expedientes sin archivar ni auditar. También se detectaron irregularidades graves en el área de Salud Mental y Discapacidad, que debería haber sido una de las prioridades del instituto, según el propio relevamiento.
“El sistema de control interno del PAMI durante 2023 fue calificado como ‘débil’, afectando directamente la integridad de los procesos contables, médicos y administrativos”, señala el informe.
A estos datos se suman las denuncias del defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, quien habló de una “crisis humanitaria silenciada” por las demoras en la atención, turnos que tardan hasta tres meses y camas médicas insuficientes.
Desde el inicio de la gestión de Esteban Leguizamon, actual director del PAMI designado por el presidente Javier Milei, se pusieron en marcha cambios para corregir el rumbo. Uno de ellos fue la modificación del sistema de recetas electrónicas, que ahora requiere un código token validado por el afiliado para evitar la emisión fraudulenta de medicamentos. “Había médicos que emitían recetas desde múltiples Unidades de Gestión Local, vendían usuarios y revendían medicamentos”, denunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
Además, se reformó el sistema de compras: todas las licitaciones de insumos ahora se centralizan en el PAMI Central, eliminando la descentralización que habilitaba “kioscos” y manejos discrecionales en efectores locales. Entre los cambios más significativos, el organismo eliminó el sistema anterior de provisión de pañales, considerado “uno de los negocios más vergonzosos” de la gestión anterior. A partir del 1° de junio, la compra de estos insumos se realiza mediante licitación pública.