El Ejecutivo pidió a la Justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días, en una estrategia para estirar los tiempos.

El Gobierno pidió este martes a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, la suspensión del fallo que ordena al Estado nacional el pago del juicio por la expropiación de YPF. De esta manera, pretende estirar los plazos jurídicos para evitar la ejecución de la sentencia y revertir la demanda en primera o segunda instancia, pues considera que el monto a pagar es mucho menor a los 16 mil millones de dólares.

En la Casa Rosada, además, aseguraron que no se sentarán a negociar con el fondo Burford hasta que no haya una resolución definitiva al pleito legal y consideran que sería un “daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de la petrolera.

Por otro lado, en el Ejecutivo apuestan a disputar el monto final de la sentencia, calculada en 16 mil millones de dólares, ya que aseguran que hay razones legales para reducirla, incluso, a unos “cientos de millones”, explicaron fuentes oficiales.

La cautelar la solicitó la Procuración del Tesoro por medio de un recurso llamado Stay en la legislación norteamericana, con el objetivo de ganar tiempo en el juicio. En caso que Preska no acepte la solicitud, pedirá la suspensión a la corte de apelaciones, es decir, a la segunda instancia.

Desde el Gobierno aseguran que la sentencia es imposible de cumplir, por lo que no considera una opción el pagar el juicio. Si la corte de apelaciones no accede a este pedido, el Ejecutivo acudiría a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.