El fiscal Ramiro González solicitó medidas de prueba clave y pidió investigar si durante el gobierno de Alberto Fernández se frenó a propósito el proceso judicial en Nueva York para proteger a exfuncionarios vinculados a la reestatización de la petrolera.
La causa por presuntas irregularidades en la expropiación de YPF, iniciada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue reactivada en las últimas horas por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba que podrían complicar la situación judicial de Axel Kicillof, Carlos Zannini y Roberto Baratta, entre otros imputados.
El pedido fiscal surge en medio del escándalo por el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordenó a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por aquella polémica estatización.
Uno de los focos de la presentación de González apunta al accionar del exfuncionario K Carlos Zannini, a quien acusa de haber limitado de manera deliberada el avance del proceso de “Discovery” en la Justicia de Nueva York durante la presidencia de Alberto Fernández, lo que podría haber frenado la aparición de pruebas sobre eventuales maniobras fraudulentas en la expropiación de la petrolera.
La denuncia original de Carrió y las sospechas que involucran a Kicillof
La causa fue abierta en 2006 a partir de una denuncia de Elisa Carrió y Paula Oliveto, quienes primero alertaron sobre el vaciamiento de YPF por parte de Repsol, y luego cuestionaron el acuerdo por el que Kicillof —entonces ministro de Economía— pagó 6.000 millones de dólares a la petrolera española tras la expropiación del 51% de las acciones.
El fiscal también pidió avanzar con la pericia sobre las valuaciones realizadas en ese entonces por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y compararlas con las exigencias de la ley de expropiación y otras normativas. Se busca determinar si se sobrevaloraron activos, se ignoraron pasivos ambientales y si se omitieron conflictos judiciales que luego debieron afrontar el Estado o la propia YPF.
Además, González solicitó que se incorpore el fallo completo de la jueza Preska y que se consulte a la Procuración del Tesoro si existen presentaciones realizadas ante la Corte para frenar o revertir la ejecución del pago.
Un caso con impacto internacional
Una de las cuestiones más sensibles de la causa es el ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2008 —bajo el gobierno de Néstor Kirchner— y las condiciones en las que Burford Capital compró su quiebra en España para luego demandar a la Argentina en Estados Unidos.
La causa busca establecer si hubo complicidad estatal para facilitar esa operación y si se evitó investigar en profundidad para proteger a funcionarios o evitar que se declare la nulidad de la compra por tratarse de un “árbol envenenado”, es decir, un origen ilegal que invalida toda la cadena de operaciones posteriores.