El tribunal oral les dio 10 días para hacer el depósito; todos deben aportar para reunir esa suma, equivalente a unos 530 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal número 2 intimó a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otro 8 condenados en la causa vialidad a abonar $684.990.350.139,86 por el fraude al Estado probado durante el proceso.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu tuvieron en cuenta el informe elaborado los peritos de la corte quienes emplearon como parámetro de actualización el índice de precios al consumidor (IPC) de la suma elevada tras el cierre del juicio en diciembre de 2022 por 85 mil millones de pesos.

Para los magistrados las razones por las que los expertos contables del máximo tribunal arribaron al cálculo “se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa”

Así mismo, señalaron que ninguno de los peritos de la Corte “cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial” respecto a lo dictaminado por los especialistas de las 9 defensas.

Ahora, Cristina, Lázaro Báez, José López, y otras 5 personas tienen hasta la media mañana del 13 de agosto para abonar la suma que de acuerdo al cambio oficial asciende a los 537 millones de dólares. De no hacerlo, el tribunal tendrá a bien a proceder con el remate de los bienes o activos que se encuentren a nombre de cada uno de ellos.

En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutado por otro tribunal, el federal 4, en la causa conocida como la Ruta del dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar $355 millones de multa por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.

El otro problema surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso los jueces pidieron al juzgado comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Y además, requirieron la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas.