Tras advertir que empleados del organismo podrían haber vendido información sensible del caso, el Ejecutivo dispuso despidos, reestructuración y refuerzo de los protocolos de confidencialidad.

El Gobierno nacional advirtió que empleados de la Procuración del Tesoro habrían vendido información del caso YPF. El hallazgo se produjo cuando documentos internos del litigio por la expropiación de la petrolera en Estados Unidos coincidieron con datos manejados por los fondos demandantes.

Desde Casa Rosada, fuentes oficiales señalaron a TN que “creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares” y anunciaron que los empleados sospechados serán despedidos. Hasta el momento fueron desvinculadas más de 60 personas. El titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, liderará una limpieza interna que incluye disolver áreas críticas y reorganizar la estructura del organismo para evitar nuevas brechas.

En paralelo, el Gobierno trabaja con la Cancillería para impulsar acciones legales contra quienes resulten responsables y elevar los niveles de custodia de la documentación. Aunque se presentará la reestructuración como un plan de “mayor eficiencia del organismo”, la movida responde directamente a la urgencia de blindar la estrategia estatal en la Corte de Apelaciones de Nueva York.

La iniciativa busca no solo preservar la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, sino también enviar un mensaje de “tolerancia cero” frente a la filtración de información pública de alto impacto.